¿Qué son las atenuantes de la responsabilidad penal? 

Las atenuantes son circunstancias modificativas de la responsabilidad penal del sujeto que pueden disminuir el grado de responsabilidad de éste con respecto a la comisión de un delito. Las atenuantes de las personas jurídicas están reguladas en el artículo 31 Quáter del Código Penal y, las referidas a las personas físicas, se recogen en el artículo 21 del Código Penal.

En el caso de las personas jurídicas, ¿cuándo operan?

Las atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas operan en dos casos:

  • Cuando, a falta de un modelo de prevención penal eficaz implantado con anterioridad a la comisión de un delito, se puede acreditar alguna de las 4 circunstancias del artículo 31 Quáter del Código Penal.
  • Si existe un modelo de prevención penal con anterioridad a la comisión de un delito, debe acreditarse “parcialmente” su eficacia.

¿Qué significa acreditación “parcial” de la eficacia de un modelo de prevención penal?

La acreditación parcial a la que se refiere el Código Penal fue un intento fallido de acreditar las condiciones exigidas para pretender una eximente. Dicho de otra forma, si la persona jurídica no puede acreditar todas las circunstancias para obtener una eximente (artículo 31 bis CP), se podrán considerar como una acreditación parcial para evaluar una atenuación de la pena. Sin embargo, la redacción del legislador en este sentido es poco afortunada.

Es importante hacer una aclaración al respecto: no es posible aportar la prueba parcial de un hecho, las pruebas se practican en su totalidad. Distinto es que una vez practicadas las pruebas, éstas demuestren que el delito se perfeccionó, no se perfeccionó o lo hizo parcialmente. En conclusión, no se debe confundir la acreditación parcial con la ejecución parcial del delito.

¿Cuáles son las atenuantes aplicables a las personas jurídicas?

Según el artículo 31 Quáter del Código Penal: “sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales”:

  • Haber confesado la infracción a las autoridades antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella.
  • Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
  • Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
  • Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

Algunas reflexiones sobre el catálogo de atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas:

Catálogo específico y cerrado de atenuantes, encabezado por la expresión “sólo podrán considerarse”, lo que excluye la aplicación de cualquier otra circunstancia no recogida expresamente. Por ejemplo, en el caso de las dilaciones indebidas, a pesar de ser perfectamente proyectables a las personas jurídicas, únicamente pueden serlo con respecto a las personas físicas. Lo anterior podría suscitar situaciones de desigualdad entre ambos sujetos.

Se limita la aplicación de atenuantes a través de los representantes legales. ¿Qué ocurre cuando otra figura corporativa (sin ser representante) puede aportar datos constitutivos de una atenuante? Se deberá efectuar una interpretación extensiva del precepto, permitiendo su aplicación a cualquier sujeto relacionado con la persona jurídica que pueda aportar datos beneficiosos en términos de atenuación de la pena.

Se circunscriben a comportamientos verificados ex post factum, esto es, con posterioridad a la comisión del delito, referidos al contexto de reconocimiento y aceptación de la responsabilidad y de colaboración con la Administración de Justicia.

Lo anterior, conduce a las siguientes reflexiones:

Se presupone la renuncia al ejercicio en sentido pleno del derecho de defensa, política legislativa que merece una puntual crítica desde el punto de vista de las garantías penales con reconocimiento constitucional.

Esta cultura de arrepentimiento y entrega (rendición y delación) post delicto, no es premiada por el legislador con gran generosidad, así que no se contempla excusa absolutoria (causa de levantamiento de pena) ni tan sólo en casos en los que la colaboración con la Administración de Justicia sea intensa y decisiva.

Tampoco se prevé excusa absolutoria para el caso de concurrencia de varias atenuantes.

Clara Gutiérrez

Llicenciada en Dret
Màster en Dret Empresarial
Doctora en dret – especialista en compliance

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